(Este artículo lo escribo basándome en otro post que escribí en diciembre de 2012 y que titulé «La escuela concertada. ¿mimada?»)
La sociedad española dispone de dos (tres, para ser exactos) ámbitos educativos. Según sea la titularidad del centro escolar de que se trate hablamos de escuela pública y de escuela privada concertada. En un tercer estadio situaríamos a la escuela privada.
En el caso de los colegios e institutos públicos la gestión administrativa, pedagógica y económica corresponde al Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma correspondiente. Además, en el caso de los colegios de Ed. Infantil y Primaria también hay participación municipal en el mantenimiento de edificios (luz, calefacción, agua, limpieza, conserjería). En el caso de los colegios concertados la gestión administrativa y pedagógica corresponde a los titulares del centro. Por su parte el Estado realiza una aportación económica para sustento del centro, en torno a un 60 % del total, y la totalidad de las nóminas del profesorado. Esto a grandes rasgos.
Este status quo propicia un debate sobre la conveniencia de mantener este sistema, debate hoy ciertamente agrio. Muchas cuestiones se debaten en medio de marejadas ideológicas que impiden llegar a puntos de encuentro.
La LOMCE presenta una propuesta sistémica que se basa en premisas. Una es que la libertad de elección de las familias es un principio irrenunciable. Por tanto, si hay preferencia de los padres por la enseñanza concertada (afirmación discutible) será un argumento que «obligará» a la Administración a cuidar a la concertada y no primar a la pública. Esto es así, dice la norma y los defensores de esta postura, porque hay que atender esa “demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria.
En otro orden de cosas, en el nuevo texto se habla de que la Administración educativa garantizará la existencia de plazas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población, eliminando el término «públicas». Esto supone que no se prima la oferta pública, que recordemos es la única que garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Las familias vienen a nosotros para hablar de lo más sagrado de sus vidas, que son sus hijos. Aseguro que en la escuela pública lo importante es la persona, así, sin apellidos y tenemos muy presentes sus creencias, su cultura, su religión y su ideología. Hoy mismo lo he vivido. Y mañana. Y ayer.
Manifiesto que un principio universal es que la red educativa pública debe ser la principal prioridad de cualquier administración. Tanto da que sea conservadora o progresista, pues es ella la que acoge la pluralidad, la diferencia. Es la que debe apostar por la Ética antes que por la Moral, la que trabaja por unir lo distinto, la que diseña proyectos comunes que se hacen fuertes en la convivencia. La escuela pública asume valores universales y vive por y para el entendimiento, y así es, aunque me duele decir que no siempre se vive la pureza de tales planteamientos. Del mismo modo que podemos hablar de escuelas concertadas alejadas de las élites que desarrollan proyectos anclados en el compromiso social que merecen todo mi respeto.
Mi conclusión es que este asunto necesita de generosidad por parte de todos, pero especialmente tiene que dar quien más tiene. Y nótese que no relaciono público o concertado con ningún estatus social y económico. And there I leave it. 🙂
Acerca del autor
